España prevé cárcel para clientes de personas obligadas a prostituirse

Penas de hasta cuatro años de cárcel para clientes de víctimas de explotación sexual y ayudas para el retorno a su país a quienes sufren cualquier tipo de trata de personas son algunas de las medidas previstas en un anteproyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno español.

El anteproyecto de la ley integral contra la trata de personas aprobado por el Ejecutivo de izquierda persigue toda formas de explotación, ya sea esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos -delitos que introduce en la legislación española-, mendicidad, servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o matrimonios forzados, entre otras.

En concreto, un cliente de una persona obligada a prostituirse enfrentará penas de seis meses a cuatro años de cárcel y se castigará también a quienes faciliten locales donde se explote sexualmente a personas.

Un sistema estatal se encargará de proteger a la víctimas, a las que ya no se requerirá el denunciar o a participar en la investigación penal para acceder a esa protección, y será necesario enmendar la ley española de extranjería para que aquellas en situación irregular puedan solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo, con derecho a ayudas sociales y a una indemnización de sus explotadores.

Las víctimas también podrán optar por el retorno a su país, con ayudas para facilitar su regreso.

Además están previstas medidas de sensibilización en sectores que se consideran más precarizados o conectados con la economía sumergida, como servicio doméstico, hostelería, agricultura, textil y construcción, donde en España existen casos recurrentes de explotación a inmigrantes.

La ministra de Justicia española, Pilar Llop, afirmó en rueda de prensa en Madrid que el texto está abierto a “futuros ajustes” para mejorar la protección de las víctimas y supondrá “un antes y un después en la protección de los derechos humanos” en España atendiendo a recomendaciones de organismos internacionales.

Llop destacó que se reforzará la lucha contra el crimen organizado y las mafias que trafican con seres humanos, “el tercer negocio más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas”, y se sensibilizará a la sociedad para desincentivar la demanda de servicios que puedan prestar las víctimas.

La norma, que debe seguir su tramitación para su debate en el Parlamento español, surge con diferencias en el Gobierno de coalición formado por el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos, que inicialmente planteaba una ley específica contra la explotación sexual de mujeres y niñas, que garantice permisos de residencia y trabajo más amplios a víctimas en situación irregular, la inmensa mayoría.

El texto genera además un debate entre quienes defienden el derecho a presrar servicios sexuales, con una regulación de la prostitución, y quienes lo consideran una forma de violencia aunque se ejerza por voluntad propia.

“Es una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y niños, y por lo tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI”, dijo el lunes el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

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