El director de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que las medidas buscan garantizar igualdad de condiciones en el comercio
La Dirección General de Aduanas (DGA) fortaleció las acciones para combatir el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, enfocándose en la aplicación estricta de la Ley núm. 17-19.
El director de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que las medidas buscan garantizar igualdad de condiciones en el comercio, establecer un marco regulatorio uniforme, proteger la propiedad intelectual y erradicar prácticas ilegales.
“El buen comportamiento tributario y fiscal beneficia a toda la sociedad dominicana”, afirmó durante el panel Delitos contra la propiedad intelectual, medidas en frontera y comercio ilícito, celebrado en el Taller-seminario internacional sobre comercio ilícito y competencia desleal.
Por su parte, María Laura Baquero, asesora de la DGA, resaltó los esfuerzos en la verificación de derechos de autor y el origen de mercancías en frontera.
También instó a los comerciantes a registrar sus marcas de manera automatizada para fortalecer la protección de sus productos.
Representantes de los sectores público y privado coincidieron en la necesidad de reforzar los marcos legales y las herramientas contra la falsificación, la piratería y el comercio desleal.
Empresarios e industriales abogaron por la creación de un tribunal especializado en propiedad intelectual que emita sentencias penales para combatir estas prácticas.
Mario Pujols, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), sugirió protocolos claros para la disposición final de mercancías incautadas por contrabando o falsificación, evitando su retorno al mercado.
Además, valoró los operativos conjuntos entre la DGA y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la evasión fiscal y la competencia desleal.
Jonathan Baró Gutiérrez, procurador general y coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), destacó avances en tres protocolos para la Ley núm. 17-19, pero subrayó retos pendientes, como la creación de un protocolo para la detección y disposición del comercio ilícito de hidrocarburos.
Pilar Troncoso, experta en comercio, señaló los beneficios de tribunales especializados en propiedad intelectual en países de la región, mientras que Lilli Acevedo, de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (Adopi), enfatizó la necesidad de magistrados y fiscales especializados para perseguir estos delitos y aplicar sanciones penales más severas.