Me aterra el nacionalismo demagógico que alimenta prejuicios, azuza el odio y acorrala una nación en la ilegalidad.
Cosas del destino histórico, de España y Francia. La República Dominicana comparte una pequeña isla con el país más pobre de América: Haití. Eso trae problemas y beneficios.
El principal problema es la presión migratoria y la pobreza extrema de los inmigrantes haitianos.
El principal “beneficio” (entre comillas) es el caudal de mano de obra barata para las actividades económicas más duras y menos remuneradas.
De esa mano de obra se ha beneficiado el Estado dominicano cuando era emporio azucarero y luego en la construcción, el empresariado en diversos renglones de la producción, y la población en general que obtiene bienes más baratos por el bajo costo de la mano de obra.
Mientras los haitianos estuvieron recluidos en los bateyes no perturbaban mucho a los dominicanos; eran parte de la mitología del miedo, escenificado por la negritud y el vudú.
Con la caída de la dictadura de Jean Claude Duvalier en 1986 terminaron los contratos de braceros de gobierno a gobierno y la migración haitiana se autonomizó y aumentó. Y, en la década de 1990, la República Dominicana comenzó a registrar altos niveles de crecimiento, convirtiéndose en un destino migratorio.
Esa migración no la impuso otra nación, ni un organismo internacional. En la frontera no hay (hasta ahora) soldados extranjeros obligando la República Dominicana a recibir haitianos. Cruzan por el sistema de trata humana orquestado por oficiales dominicanos corruptos, civiles y militares.
Una vez en territorio dominicano, los inmigrantes (usualmente jóvenes) procrean hijos que necesitan documentación y educación.
Sin embargo, en la medida que la población inmigrante haitiana y descendiente fue creciendo, la República Dominicana estableció disposiciones legales cada vez más restrictivas.
La Constitución de 2010 dispuso que los niños nacidos en territorio dominicano de padres indocumentados no son dominicanos, y la Sentencia TC168-13 aplicó ese mismo criterio retrospectivamente hasta 1929.
Todo país tiene derecho a establecer y aplicar sus leyes, pero no de espaldas a la realidad social que ese país ha creado.
Si se permite constantemente un flujo de haitianos y se emplean, el Estado dominicano no puede cerrarles todas las puertas legales a ellos y sus descendientes.
La creciente población de descendientes nació y vive en la marginalidad; no tienen oportunidades de mejoría vía la integración legal y socioeconómica.
¿Qué gana la República Dominicana manteniendo un segmento cada vez mayor de su población indocumentada y empobrecida?
Si no se quieren haitianos, los gobiernos dominicanos debieron desde hace muchos años controlar su entrada, y los empresarios no emplearlos.
Inaceptable es permitir un flujo de inmigrantes (como sigue ocurriendo), emplearlos, y mantenerlos indocumentados. Eso es abuso, no patriotismo.
También es abuso (y corrupción) apresar haitianos dizque para deportarlos y cobrarles para liberarlos. O emplearlos y llamar agentes de migración el día de pago.
La República Dominicana debería abandonar el nacionalismo demagógico y asumir con responsabilidad los grandes retos que representan Haití y la migración haitiana.
El tiempo corre, los problemas se multiplican y los fascistas que fomentan el odio y buscan protagonismo abundan.
Rosario Espinal