La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) se opuso esta mañana a la creación de una nueva provincia por considerar tal proyecto como contraproducente, inoportuno, que añadirá más presión al gasto público en la República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, lamentó que se pretenda seguir fragmentando el país, a pesar de ser uno de los de menos extensión territorial de América Latina.
“En este sentido conviene apuntar que el crecimiento demográfico por sí solo no constituye criterio suficiente para optar por la escisión territorial a los fines de mayor representatividad, especialmente cuando subsisten tareas pendientes con relación a la necesidad de revisar la redistribución del gasto público en las provincias ya creadas. Es por ello que la tendencia de países de la región apunta a la promoción de mancomunidades (cooperación intermunicipal) para la prestación de determinados servicios públicos”, sostuvo.
El dirigente cívico señaló que ”debe recordarse que la República Dominicana es uno de los países de menor extensión territorial de América Latina, de lo cual al evaluarse de manera proporcional parece presentar un altísimo número de divisiones políticas en comparación a sus pares. De ahí que, la creación de una nueva provincia no puede abordarse como la respuesta al esperado desarrollo de los municipios que la integrarían, pues apostar a mayores visos de burocracia no redituará el beneficio esperado”.
El ejecutivo de Finjus exhortó a los diputados a realizar una mayor ponderación en sus planes de crear la que sería la nueva provincia Matías Ramón Mella, debido a la fragmentación política-territorial de cara a los objetivos estratégicos de desarrollo y planes de ordenamiento territorial.
“Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia consideramos que resulta inoportuno la creación de una provincia adicional presionando el gasto público sin evidencia sólida de que ello se traduce en mayor acceso a servicios y/o fortalecimiento del desarrollo de los territorios que comprendería. Se trata de una respuesta que deviene contraproducente a la necesidad real de mayor atención a las carencias y marcadas desigualdades entre las regiones y provincias del país”, opinó Castaños Guzmán.
Añadió que “la experiencia comparada señala una excesiva fragmentación política territorial como una problemática que dificulta en exceso la concreción del bien común con relación a una política nacional coherente que pueda redirigirse hacia objetivos de redistribución territorial de la riqueza”.
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