El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este jueves a la Fiscalía de la Nación para responder un interrogatorio sobre una denuncia por presunto tráfico de influencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales, una de las cinco investigaciones por presunta corrupción abiertas en su contra.
Castillo aceptó ir a la oficina de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, después de que esta rechazó el pedido de sus abogados de acudir a Palacio de Gobierno a tomar sus declaraciones.
Benavides explicó que el mandatario es investigado en este caso, y no testigo, razón por la cual no procede que ella acuda al despacho presidencial.
A través de un mensaje en Twitter, Castillo afirmó que respalda a sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas respecto a su derecho a declarar en Palacio de Gobierno, pero que les había pedido que lo acompañen hoy a la Fiscalía para “defender” su “inocencia” y “colaborar siempre con la justicia”.
El mandatario se dirigió a pie, acompañado por sus abogados, rodeado de un nutrido resguardo policial, hasta las oficinas de la Fiscalía, cercana al Palacio de Gobierno.
Por su parte, la Fiscalía informó que empezó la diligencia de declaración indagatoria del presidente Castillo en la sede del Ministerio Público a cargo de la propia fiscal general.
De acuerdo con la denuncia abierta en la fiscalía, Castillo es sospechoso de haber concedido los ascensos a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional en forma irregular y con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco, implicado también en otros casos contra el mandatario.
Pacheco se entregó a la justicia en julio, después de varios meses prófugo, y se ha ofrecido como colaborador eficaz de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo, que incluyen el delito de organización criminal, entre otros.
EFE
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