Llevo escrito que, junto al respeto a la separación e independencia de los poderes estatales, especialmente en los ámbitos judicial, contralor y electoral, la reforma fundamental a que asistimos en el gobierno de Luis Abinader es al corte por lo sano de la corrupción gubernamental.
Esos procesos son, junto a la paulatina transformación de la Policía Nacional y el combate implacable al narcotráfico, son pilares que en el mediano y largo plazo tendrán resultados muy concretos en el saneamiento de nuestra sociedad, que sobre todo los gobiernos de los 20 años del PLD dejaron sumida en grave estado de descomposición.
No pasa por alto para la opinión pública que cuanto funcionario de la actual administración ha sido señalado por el rumor público en la comisión de actuaciones indebidas, ha quedado fuera del gobierno.
Hoy es cumplida de manera rigurosa la Ley 41-08, de Función Pública, que durante los gobiernos del PLD fue un instrumento de mercadería y clientelismo politiquero, en el que se repartían los fondos públicos en alegre e irresponsable piñata.
Por igual se cumple hoy al pie de la letra la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, que, durante los gobiernos del PLD, fue fuente activa de enriquecimiento ilícito y de corrupción, como podemos observar en los procesos judiciales que ventilan hoy los tribunales.
Quienes tuvimos oportunidad de asistir a discusiones sobre la parte de su programa de gobierno relativa a la prevención de la corrupción y el establecimiento de los controles más estrictos que debían imponerse a la administración de los fondos públicos, sabemos que el hoy presidente Abinader era en extremo riguroso.
Llegado al gobierno se aseguraría, planteaba, que todos aquellos órganos estatales que administraban fondos públicos debían ser auditados periódica y alternativamente por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Se aseguraría de que se cumpliera de manera efectiva toda la normativa existente, y que se adoptaran nuevas iniciativas que, usando los nuevos recursos tecnológicos, contribuyeran a garantizar la transparencia y el más pulcro manejo del dinero público.
El jueves pasado el presidente asistió a respaldar la puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas que utilizarán el Sistema Único de Gestión de Pagos y el Índice del Control Interno, a cargo de la Contraloría General de la República, para hacer más dinámicas y transparentes las transacciones de las instituciones públicas.
El mandatario aprovechó el acto para hacer una enérgica advertencia, obviamente dirigida a funcionarios y eventuales candidatos oficialistas a las próximas elecciones, dejando bien claro que durante el proceso electoral su gobierno será especialmente estricto en la vigilancia del cumplimiento de la transparencia en el manejo de los recursos estatales.
En otras palabras, que las instituciones públicas no serán comandos de campaña del partido oficialista, como ocurría en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, y sus recursos no serán cajas chicas usadas a discreción del proselitismo oficialista.
¿Significa lo expuesto que no aparecerá eventualmente un funcionario malversando fondos públicos, o algún despistado o despistada volviendo a las prácticas peledeístas que tanto criticó Juan Bó a Balaguer, sobre lo corrupto que es usar los recursos del estado en provecho político personal?
No, estos son cambios que apenas comienzan. Pero el que se equivoca es por mañoso que es, como los del pasado PLD-FUPU, a los que el pueblo debe cantarle ¡Zape, gato!, cuando se les aparezcan por sus campos, barrios y casas con cara de “yo no fui” con sus falsas y fallidas promesas.
POR NELSON MARTE