La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de los exministros de Hacienda Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, imputados de corrupción administrativa dentro de la llamada operación Calamar.
En tanto, dispuso arresto domiciliario y una garantía económica de 20 millones de pesos para el excandidato presidencial y antiguo ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
Al resto de los imputados, la mayoría de los cuales llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, les impuso distintas medidas preventivas, que van desde la fianza, impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
Al salir de la audiencia, la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó la “seriedad” y “contundencia” de la investigación realizada por el Ministerio Público, la cual está en “proceso”, por lo que no descartó nuevas detenciones.
“Todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal” tendrá que enfrentar la Justicia, dijo Reynoso, quien señaló que el caso Calamar “es de la criminalidad organizada”.
El Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión para los 20 imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para 14 después de que estos admitieran su participación en la supuesta estructura de corrupción.
Entre ellos figuran el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como el abogado y político Ángel Lockward.