Asesinato de Villavicencio tiñe de sangre las elecciones presidenciales de Ecuador

Tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso dio un mensaje a la nación en la madrugada de este jueves para ratificar la fecha de las elecciones generales extraordinarias para el próximo 20 de agosto y decretar el estado de excepción por 60 días, lo que supone el despliegue de militares en todo el territorio nacional.

En esa comparecencia, el mandatario detalló que el atentado se produjo sobre las 18:15 (23:15 GMT) y que fue perpetrado por un grupo de hombres armados, lo que generó un intercambio de disparos con los policías y el personal de seguridad que derivó en el fallecimiento de uno de los atacantes.

De acuerdo a la Fiscalía, que ha abierto una investigación, este sospechoso, del que todavía no ha trascendido su identidad, fue traslado herido en primer lugar a un juzgado de Quito y luego a un centró médico, en una ambulancia de los Bomberos que confirmó su muerte.

Entre los nueve heridos reportados, que fueron trasladados a un centro médico cercano, hay una candidata a asambleísta y dos agentes de la Policía.

En su huida, Lasso indicó que los autores del atentado lanzaron una granada que no llegó a detonar y que, más tarde, la Policía la hizo estallar de manera controlada.

SEIS DETENIDOS

Hasta el momento hay seis personas detenidas por su presunta vinculación con el atentado, según anunció la Fiscalía, producto de una serie de allanamientos realizados en dos barrios de la capital ecuatoriana.

El asesinato de Villavicencio ha causado una gran conmoción nacional, como manifestó Lasso, quien ha prometido que el crimen no quedará impune.

Los otros siete candidatos que se postulan a la Presidencia de Ecuador también manifestaron su pésame y solidaridad a la par que algunos suspendieron sus campañas electorales, y en el caso del izquierdista y ambientalista Yaku Pérez hizo una convocatoria al resto para un pacto sobre la crisis de seguridad.

Por su parte, Correa afirmó que «Ecuador se ha convertido en un Estado fallido» y también se solidarizó con la familia de la víctima, que en su labor como periodista denunció una persecución en su contra por sus revelaciones sobre corrupción que le llevaron a estar prófugo de la Justicia y a pedir asilo en Perú. EFE