Por: Guido Gómez Mazara
Con Andy Dauhajre siempre se aprende. Admito que la frase utilizada por Bolívar en carta al General Francisco Carabaño, de 1828, de que “el talento sin probidad es un azote” constituye la materia prima de mis ponderaciones alrededor de sus innegables aportes a la reflexión económica durante las últimas tres décadas. Y ahora, constituido en referencia y fuente argumental de los sectores opositores, pienso que su auxilio intelectual representa un retrato perfecto del déficit teórico del resto, hoy atrincherados en su decálogo propuesto y constantes comparecencias radiales, televisivas y artículos de opinión, caracterizadas por nunca conceder un ápice de virtud al desempeño económico de sector oficial.
Ahora bien, en buena justicia, es el tipo de alegato necesario, con sustento y enriquecedor, instalado bajo el nombre de Triálogo, hace años, y que fue una instancia urticante para los anteriores inquilinos del poder, los mismos que, en la actual coyuntura, aparecen como aliados del ilustre economista hacia la contienda pautada para mayo de 2028.
Quiero dejar en la jurisdicción del aprendizaje mis lecturas en materia económica. Generalmente me inclino por interpretaciones de carácter social, orientadas a cerrar brechas y apostar a una sociedad más justa. Por eso, cada vez siento mayor respeto por el uso efectivo de la inteligencia. Sobre todo, cuando paso el inventario de figuras irrepetibles de la dimensión de Charles Babbage, impulsor de las computadoras digitales. O Steve Jobs, quien transformó la innovación en la arena tecnológica.
La singular Marie Curie, dos veces ganadora del Nobel (1903 y 1911) en las áreas de física y química. Nikola Tesla, con sus aportes en el mundo magnético. Mark Zuckerberg, por el impacto de Facebook. Todos tienen historias de éxito asociadas a sus destrezas formativas, consistencia, coherencia y siempre aferrados a sus convicciones. De ahí, el maridaje perfecto para siempre actuar al servicio de causas nobles.
Por eso, en mi sed por aprender, quisiera entender el alcance del decálogo propuesto y andamiaje conceptual de Andy que, por construcción y desde la óptica de un político como yo, en pocas ocasiones toca el ámbito social, y en mi humilde afán por acercarme a las ciencias económicas, cada vez que leo sus trabajos, intuyo recetas con vocación por profundizar la pobreza y desigualdad. Además, al mismo tiempo, pone contra las cuerdas su accionar previo como asesor de varios gobiernos.
Argumentar que la rentabilidad de los proyectos financiados con préstamos, nacionales o internacionales, debe superar al costo financiero de la operación crediticia, es opuesto a lo sucedido con la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo durante la gestión 2004-2012. Hoy en día, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) conserva un subsidio que asciende a unos US$200s millones por año, al mantener una tarifa invariable por viaje de RD$20 cuando el costo real debería ser de RD$57, y para cubrir el préstamo que dicho gobierno suscribió con organizaciones financieras internacionales. Establecer ahora que “en una economía de mercado quien no puede pagar el servicio de transporte público no lo debe usar” y que “el Gobierno debe operar exactamente con la misma lógica de beneficio con la que opera una empresa privada” no parece ir de la mano de su asesoramiento anterior ni del beneficio de la sociedad.
Sucede parecido con la eliminación de las exenciones fiscales, considerando que el Gobierno no debe financiar a empresas que produzcan beneficios. El Ministerio de Hacienda calculó que para el 2025 estos incentivos ascienden a unos RD$383,566 millones, y terminan constituyendo un aumento en las ganancias de las empresas que, confidencialmente, no cumplen a cabalidad con el pago del impuesto sobre la renta.
Encuentro otra contradicción en lo concerniente al endeudamiento en moneda extranjera, tal y como ocurrió con la emisión de los primeros bonos soberanos que realizó el país. Los recursos de esos préstamos se utilizaron para financiar unos juegos celebrados en el país, y que no generaron una tasa de retorno que permitiera cubrir el costo financiero de esa operación. En su actual discurso, instrumentalizado y de bastante provecho para la oposición, hoy Andy condena lo que aceptó en el pasado. ¿Un vocero ad-hoc?
Desaconseja el endeudamiento público para financiar el gasto corriente, y sugiere al actual Gobierno que se “arrope hasta donde la sábana le alcance”. En otras palabras, insta a que la gestión se ciña a un presupuesto equilibrado, como lo establece la economía de mercado. Pero eso no fue lo que sucedió entre 1996 y 2000, o entre 2004 y 2012, cuando en la condición de consultor del gobierno, sin modificar estructura del gasto, aumentó cada año la deuda pública externa. Si los líderes de entonces no hacían caso de sus consejos, la honestidad intelectual indicaría denunciar esa práctica como nociva en aquel entonces, y no ahora.
También Andy hace referencia al desperdicio de los recursos provenientes de deuda pública cuando se utilizan para pagar influencers, botellas, pensiones, compra de vehículos, etc. Como ejemplo, al referirse al préstamo que el Gobierno solicitó al BID para financiar Supérate, el programa de transferencias sociales. A pesar de esto, son los organismos internacionales (FMI, BM y BID) quienes recomiendan a los gobiernos latinoamericanos, incluyendo al dominicano, tomar estas decisiones porque este tipo de transferencias permiten reducir la pobreza monetaria en el país, incrementando el ingreso de las familias. Este uso del gasto corriente forma parte de los reclamos que la ciudadanía hace al presidente de cara al Pacto Fiscal, pero que instancias económicas resisten, aunque signifique una administración más eficiente de las finanzas públicas. En este sentido, conviene recordar que la economía de mercado tiende a concentrar la riqueza, generando amplias brechas sociales. Frente a ello, el Gobierno impulsa una nueva política fiscal que busca atender a los sectores más vulnerables.
En el caso de algunos exponentes del sector de alto impacto productivo, también debe señalarse que un segmento, culturalmente esquiva sus obligaciones tributarias. En muchos casos, no retribuyen a sus trabajadores conforme a los aportes, saltan parte de los recursos que les corresponden y, además, reciben del Estado exenciones fiscales que reducen sus costos sin una contraprestación equivalente. Un ejemplo de ello es la recaudación del ITBIS cobrado a los consumidores, que no siempre es transferido al fisco y complica la gestión de las finanzas públicas.
En sus argumentos Andy alega que el Gobierno incurre en atrasos de deuda con acreedores internos y externos, lo que genera cargas financieras adicionales al hacer cada roll-over de la deuda pública, considerada una mala práctica del Estado. Aunque esto es cierto, vale la pena puntualizar que, entre las exenciones fiscales y la evasión, el gobierno deja de recaudar más de RD$500,000 millones al año, mientras incurre en un déficit fiscal cercano a RD$200,000 millones. Estas condiciones financieras son resultado de privilegios justificados bajo el argumento de que el Estado debe contribuir a la competitividad. En muchos casos, parece que no aplica el consejo de arroparse hasta donde las sábanas les alcancen.
Además, sostiene que el Gobierno suele distorsionar la información tanto en la formulación del presupuesto como en los prospectos de colocación de bonos en los mercados internacionales. Podemos pensar a modo de ejemplo en la primera emisión de bonos soberanos, cuando se afirmó que la deuda interna había sido completamente saldada. En realidad, el Gobierno estructuró un plan de pago de los atrasos de deuda pública interna después, una vez aprobado el préstamo por US$500 millones correspondiente a esa primera colocación. En dicha operación, era el propio Andy Dauhajre hijo quien actuó como asesor principal del Ministerio de Hacienda. De la misma manera, el distinguido profesional de la economía argumenta que el Gobierno miente en la preparación del presupuesto anual y que solicita préstamos internacionales que no utiliza en los proyectos descritos. Sin embargo, no hace referencia a la debilidad de la administración financiera del Estado, particularmente de la Oficina de Presupuesto, que es la entidad del Gobierno encargada de verificar que los fondos aprobados por el Congreso se adjudiquen a los programas ministeriales, tal y como se aprobó en la Ley de Presupuesto anual.
Entre las impugnaciones planteadas señala que el Gobierno financia, mediante préstamos externos e internos, a distintas instituciones del sector público (ayuntamientos, alcaldías, gobiernos municipales, empresas estatales) que no figuran registradas como deuda pública del Estado dominicano. Esto ocurre porque el coeficiente de deuda pública sobre el PIB solo incluye los compromisos del Gobierno central y no los del sector público consolidado, como establece el Manual de Finanzas Públicas del FMI, del cual el país es signatario.
De este modo, se reduce artificialmente el monto adeudado por el Gobierno dominicano y, lo que es más relevante, se proyecta una condición financiera aparentemente “sólida” en un Gobierno que enfrenta enormes dificultades para recaudar sus impuestos y que agrava su situación al mantener, desde hace más de cinco décadas, privilegios fiscales, financiados en última instancia por los contribuyentes de menores ingresos. Una paradoja que Andy parece no advertir: mientras los consumidores pobres y de clase media soportan con esfuerzo la carga tributaria, una parte de los grandes contribuyentes sólo lo hacen de manera parcial, amparados en exenciones, deducciones y regímenes especiales.
Al final de la jornada, siempre es bueno ver al estimado Andy colindando con la política porque sus experiencias desde el Movimiento Moderno han podido generarle una singular idea del pantanoso terreno de la vida pública, caracterizada por incomprensiones y desgracias de acrisolados talentos, infartados al colocar sus capacidades al servicio de gente que degradó la política cuando hizo grandes negocios, empequeñeciendo partidos. Además, la lógica de no reconocer aportes de los otros bajo la condición de poseer el monopolio del talento, generan un estatus de escasa humildad que hasta la Biblia reprende en: Proverbios 22:4: “la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida.”
En esa línea, la constante exaltación de Dios por los humildes y su férrea oposición a los soberbios podrían servir de aliento ante cualquier legítimo disenso, pero eso no permite obviar que en 2024 la economía creció 5.0%, un incremento superior al esperado para toda la región latinoamericana, ni tampoco la proyección de 2.2% para 2025. Todo esto, dentro de un contexto de incertidumbre y restricciones financieras en el mercado internacional. En ese mismo sentido, un evidente esfuerzo de controlar la inflación, con una variación mensual 0.34% (septiembre), dándole un resultado a la inflación acumulada de 3.76% (enero-septiembre) manteniéndose dentro del rango meta de 4.0% establecido en el Programa Monetario del Banco Central, encontrándose entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina. En adición, la pobreza se ha reducido a niveles históricos: ya en el segundo trimestre del 2025, la tasa de pobreza monetaria se ubicó en 16.65%, representando una disminución de 2.34% puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2024 (18.99%) y de 9.21 puntos porcentuales al comparar con igual periodo de 2019 (25.86%). Tal reducción fue impulsada principalmente por el aumento de los ingresos de los hogares. Todavía recuerdo aquello de que dato mata relato.
Desgraciadamente, la escasa propensión al disenso constructivo y afán por dinamitar desempeños públicos en interés de conseguir el aplauso irreflexivo tienen una parte del continente descompuesto, intranquilo y con la fragilidad democrática cercana al caos. Nada más hay que fijarse en Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Haití, Nicaragua, Guatemala, Argentina, Ecuador y Honduras.
De verdad, más allá de discrepancias coyunturales, zigzagueos y acomodos argumentales, al país le convienen los intercambios respetuosos e inteligentes en medio de tantos exponentes del bestiario que piensan con faltas ortográficas. Por desgracia, la marcada vocación por negarlo todo, me refiere mucho a la actitud de Juan Pablo Castel, personaje principal de la novela El túnel de Ernesto Sábato que, al contar desde la cárcel las razones de asesinar a su compañera sentimental María Iribarne, transforma los hechos y manipula el asesinato porque la pasión le impedía ver la realidad de manera objetiva.
Un abrazo para Andy, me alegro de que esté bien.
Guido Gómez Mazara