¿Qué está declarando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cuando anuncia una inversión de diez millones de dólares del lado dominicano de la frontera con Haití para la protección de los derechos de niños y mujeres haitianos?
Que República Dominicana está atropellando esos derechos. Imagino que el gobernante canadiense no ignora la condición soberana de nuestro país, por lo que antes de anunciarse la incursión en territorio dominicano de un gobierno extranjero en cualquier actividad, debe procurar la anuencia de sus autoridades.
Si el Estado dominicano acepta lo anunciado por Trudeau, no estaría haciendo otra cosa que auto incriminándose. Diez millones son pocos, Trudeau puede multiplicar el aporte por cien, pero debe hacerlo del lado haitiano, que es donde escasean todas las garantías y falta de oportunidades.
Otro asunto que, si no ha sido avalado por República Dominicana, trastoca su soberanía, es el acuerdo de un órgano multilateral, como lo es el Alto Comisionado de la Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA). El carácter de entidad multilateral no confiere patente de corso para actuar al margen del gobierno de un país.
El empeño del ACNUR es demostrar que en el país viven miles de personas sin el atributo de una nacionalidad, porque son haitianos pero carecen de documentos, y al no tenerlos, Dominicana está en la obligación de proporcionárselos y de asentarlos como sus nacionales.
No pueden haber ni dominicanos ni haitianos apátridas en ninguna parte del mundo, porque las constituciones de ambos países reconocen como sus nacionales a los hijos de sus nacionales sin importar donde hayan nacido.
El problema de la indocumentación de los haitianos se resuelve auxiliándolos para que se documenten en su país, sin lo cual no pueden calificar para un estatus legal en el país hacia donde emigren.
Mientras Canadá y la ONU, vía ACNUR, avanzan en sus objetivos, Estados Unidos presiona con la imposición de leyes, que simuladas en la protección de derechos humanos, entrampan a la RD, en las garantías de toda suerte de prestaciones a la inmensa población ilegal haitiana que pernocta en su territorio.
Lo que ocurre con el Proyecto de Ley Integral Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. A simple mención no puede ser más altruista: ampliar las garras punitivas contra el trasiego de seres humanos para explotación sexual, trabajo forzoso o semi esclavizado. Muy bien para un país que no comparta una misma isla con un Estado colapsado, cuyos migrantes se amoldan a los requerimientos de cualquier protección.
¿Qué la mayoría de los haitianos no califica porque salen expulsados de manera voluntaria por la miseria y la violencia?
¿Y quién no alegará trata si ello conlleva un beneficio? ¿Qué no basta el alegato porque habrá instancias en las que las solicitudes han de evaluarse con objetividad? ¿Pero qué pasará cuando esos mecanismos resulten desbordados?
Acumular los casos hasta que vayan encontrando turnos de conocimiento, pero mientras tanto los que entiendan que están bajo condiciones de trata de personas, aguardarán con sus derechos bajo protección y financiados por todos los dominicanos.
La mayoría de los haitianos que laboran en la República Dominicana, aunque se les trate conforme a las leyes laborales, son trabajadores forzosos por la condición migratoria ilegal, por lo tanto calificarán para beneficiarse de la ley de trata, igual que toda mujer que cruce a parir y los niños que nazcan o ingresen a RD.
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